¿Qué se pretende solucionar?

* La consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, antes de la elaboración de una disposición normativa, es decir, antes de la elaboración del borrador. (Acuerdo de 25 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las directrices para la ordenación de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias).

Las sucesivas modificaciones que ha experimentado desde su entrada en vigor la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, motivadas unas, por las reformas y derogaciones de la legislación estatal en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y otras, por el desarrollo de la regulación autonómica en ámbitos competenciales del Principado de Asturias o con incidencia en la organización interna de la Administración, ha provocado una excesiva dispersión de la normativa en materia de régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, lo que dificulta su comprensión y aplicación por parte de los diferentes operadores jurídicos.

Por ello, el principal problema que se pretende solventar con la elaboración de un texto refundido estriba en la necesidad de regularizar, armonizar y aclarar dicha normativa. 

Puedes enviar tus aportaciones del 13/02/2026 al 26/02/2026 al correo participa@asturias.org

Necesidad y oportunidad de su aprobación

La futura norma responde a la necesidad de dar cumplimiento al mandato contenido en la Disposición final sexta de la Ley del Principado de Asturias 4/2025, de 19 de noviembre, de novena modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración y de Medidas legales sectoriales de simplificación administrativa.

Si bien el plazo previsto en dicha Disposición es de doce meses a contar desde la entrada en vigor de la citada Ley, la tramitación de un texto refundido presenta cierta complejidad, lo que aconseja abordar su elaboración lo antes posible para asegurar el cumplimiento del mandato legal dentro del plazo concedido.

Objetivos de la norma

El objetivo de la elaboración de un texto refundido es la integración de las normas que contienen la regulación del régimen jurídico en la Administración del Principado de Asturias, y en particular, las siguientes:

• Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.
• Ley del Principado de Asturias 18/1999, de 31 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2000, artículo 7.
• Ley del Principado de Asturias 14/2001, de 28 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2002, artículo 5.
• Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, artículo 7.Uno.
• Ley del Principado de Asturias 6/2003, de 30 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2004, artículo 5.
• Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013, Disposición adicional décima.
• Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio, de medidas en materia de función pública y organización administrativa, artículo 5.
• Ley del Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes, artículo 12.
• Ley del Principado de Asturias 4/2025, de 19 de noviembre, de novena modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración y de Medidas legales sectoriales de simplificación administrativa, Título I.

Soluciones Alternativas

No se prevén soluciones alternativas a la elaboración de un texto refundido, ya que se trata del cumplimiento de un mandato legal contenido en la mencionada Disposición final sexta de la Ley del Principado de Asturias 4/2025, de 19 de noviembre, cuyos términos son taxativos.